El tribunal de Estrasburgo condena a España por la devoluciones en caliente

“No quieren bajar, no van a hacerlo”, comentaba en noviembre de 2013 un joven de Mali al reportero Jesús Blasco de Avellaneda. A los pies de la valla de Melilla, ambos miraban a dos hombres enganchados a duras penas en una farola. ¿Qué puede llevar a una persona a estar durante horas resistiendo en un poste si ya estaba en suelo español? “Si bajan, saben que los echarán”. La respuesta estaba en las devoluciones en caliente.

Los agentes de la Guardia Civil tenían las órdenes claras, tal y como explicaba a los periodistas un portavoz oficial, sus cuerpos eran la verdadera frontera: “Para estar en España tienen que superarme a mí”. Esa explicación, que parecía anecdótica, acabó siendo confirmada por el ministro de Interior en el Congreso y sería recogida en la ley mordaza. Sin embargo, es ilegal desde el punto de vista del derecho internacional “España no puede empezar en un cordón policial”.

Este mes de octubre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a condenado a España por la devolución en caliente a Marruecos de inmigrantes en la valla de Melilla sin ser identificados, lo que “supone una expulsión de carácter colectivo”, contraria al Convenio Europeo de Derechos Humanos. El fallo unánime concluye que España también vulneró el derecho a un recurso efectivo.

El tribunal destaca que la versión de los demandantes, apoyada por varios vídeos, fue corroborada por varios testimonios recogidos por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR). Los demandantes fueron expulsados inmediatamente, “sin que antes tuvieran acceso a intérpretes y a una asistencia jurídica que les informara de las disposiciones pertinentes del derecho de asilo o de los procedimientos contra su expulsión”. Por ello, “fueron privados de toda posibilidad de recurso”, que les hubiera permitido tener acceso a una autoridad judicial y “beneficiarse de un control atento y exhaustivo” de su demanda antes de su devolución.